El pasado 10 de agosto fueron
detenidos dos hijos de un reconocido sindicalista de Risaralda, acusados de
injuria y calumnia por haber entregado unos volantes denunciando a los barones
electorales de la ciudad de Pereira, en los cuales se les responsabiliza de la
privatización del patrimonio de los Pereiranos.
Los dos compañeros se encuentran
libres pero los están judicializando.
En iguales circunstancias, tres
dirigentes estudiantiles de la UTP, fueron detenidos el día de hoy por los
mismos hechos, sin embargo, el Fiscal 14 de Pereira dispuso la libertad
inmediata de los detenidos bajo el argumento que los políticos denunciados, como
funcionarios públicos, son totalmente susceptibles de ser criticados por sus
actuaciones en el manejo del patrimonio público.
El artículo 19 de la Declaración
Universal de los DDHH plantea que: “Todo
individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho
incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y
recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de
fronteras, por cualquier medio de expresión”.
No obstante, lo que aquí se
configura son acciones de persecución política contra los ciudadanos inconformes
con los manejos administrativos y proceder de algunos politiqueros que
anteponen su interés personal por encima del bien común de las y los
Pereiranos. Sus detenciones no obedecen
a los cargos imputados sino al DELITO DE OPINIÓN que no existe en teoría pero
que se aplica en la práctica.
Y como la medida de ellos es
política, la respuesta de los sectores sociales democráticos debe darse en los
mismos términos. Por tal motivo,
instamos a todas las organizaciones sociales, sindicales y defensoras de los
derechos humanos a pronunciarse rechazando esta cacería de brujas y a difundir
ampliamente el afiche de la discordia.
¡ABAJO LA PRIVATIZACIÓN DE LAS EMPRESAS DE SERVICIOS PÚBLICOS!
¡NI UN VOTO MÁS POR LOS PRIVATIZADORES DEL PATRIMONIO DE LOS PEREIRANOS!
Agosto 14 de 2012
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