DENUNCIA
NACIONAL E INTERNACIONAL
Ya
es sistemático que los gobiernos en Colombia solucionen los conflictos sociales
por medio de la represión y la violencia Estatal, lo cual se ha venido
profundizando en los últimos tres períodos de gobierno equivalentes a ocho años
de ALVARO URIBE y tres de JUAN MANUEL SANTOS. Dicha violencia no solo es injusta por
provenir de las clases dominantes contra el pueblo, sino además por venir
ligada a múltiples violaciones a los Derechos Humanos y el Derecho
Internacional Humanitario.
El caso en Remolinos en el
departamento de Risaralda, donde está concentrada una gran parte de la
manifestación de los indígenas, no es la excepción. En ejercicio de la autonomía territorial y
autoridad propia reconocida según la Jurisdicción Especial Indígena, los días
17 y 18 de octubre fueron retenidos seis (6) militares debido a que fueron
descubiertos infiltrando la movilización; incluso uno de los soldados retenidos
fue encontrado portando un bastón de mando de la autoridad indígena, de acuerdo
a lo reportado por medios nacionales de comunicación. Los militares han sido entregados poco a poco
y en perfecto estado de salud a la delegación de las Naciones Unidas y a los funcionarios
de la Defensoría del Pueblo.
En horas de la madrugada del 19 de octubre,
como una medida de retaliación de la fuerza pública, el Escuadrón Móvil
Antidisturbios -ESMAD- de la Policía incursionó violentamente a los campamentos
de los indígenas en Remolinos donde dañaron sus carpas, plásticos, quemaron la
comida, se robaron las ollas, los utensilios de cocina y las provisiones
alimenticias que no alcanzaron a incinerar y además, golpearon
indiscriminadamente a los manifestantes sin importarles género o edad. Esto se constituye en una grave infracción al
Derecho Internacional Humanitario por la “destrucción de bienes civiles”.
Según un comunicado emitido
el día de hoy por la Organización Nacional Indígena de Colombia -ONIC- a las
6:30 a.m. llevaban un saldo de aproximadamente 30 heridos y 15 detenidos. No obstante, en horas de la tarde, el
encargado de Derechos Humanos del Consejo Regional Indígena del Risaralda
-CRIR-, confirmó que había treinta indígenas detenidos arbitrariamente, los
cuales fueron llevados al Comando de Policía del corregimiento de Viterbo – Caldas,
donde posteriormente fueron liberados. Denunciamos también que entre los
prisioneros estaban niños y niñas. Dadas
las amenazas de judicialización proferidas por el gobierno nacional y el
Gobernador de Risaralda, preocupa que continúen procesos jurídicos o penales en
contra de las y los compañeros reseñados.
Además,
el Gobernador Indígena del Chocó que se encuentra en Remolinos, reportó la
desaparición de cuatro compañeros, entre los cuales se encuentran dos menores
de edad: LUIS CARLOS ARCE VITUZAY de 12 años, JHON
RONALDO TEYURA ARCE de 15 años, HECTOR CAMPO MURILLO de 18 años y EVELIO
BANDADA ARCE de 27 años.
Preocupa
la posición política asumida por el Defensor del Pueblo de Risaralda, recién
posesionado en su cargo, quien ante los medios de comunicación afirmó que los
indígenas estaban “violando” los derechos de la ciudadanía y de la fuerza
pública, aseveración sin fundamento teórico y bien alejada de la realidad y de
cualquier enfoque de derecho, pues cualquiera que haya estudiado la historia,
evolución y caracterización de los Derechos Humanos sabe que ningún civil está
en capacidad de violar los derechos de otras personas porque ninguno cuenta con
las herramientas jurídicas, políticas y económicas para garantizarle derechos a
los demás, como sí las tiene el Estado.
Los únicos que pueden ser juzgados por violaciones a los Derechos
Humanos son los Estados, sus entidades, funcionarios públicos y funcionarios
del sector privado que ejerzan funciones públicas, en razón a que son los
Estados quienes firman los tratados internacionales en donde quedan
responsabilizados y comprometidos por la protección internacional de los
derechos de sus ciudadanos.
La
Mesa también tuvo conocimiento sobre el desbloqueo violento que realizó la
policía en el corregimiento de Irra - Risaralda, contra la concentración de
indígenas que allí se encuentran, donde además se les señala por la quema de un
bus, sin que hasta el momento se haya comprobado su participación en este hecho
violento.
Todo
indica que la represión Estatal se va a recrudecer y que el gobierno del
Presidente Santos va a seguir haciendo uso de la ilegítima Ley De Seguridad
Ciudadana para perseguir, criminalizar y condenar a cualquier grupo social que se
atreva a protestar en el territorio nacional.
Por
todo lo anterior, hacemos un llamado fraternal a la solidaridad de clase de
manera tal que las diferentes organizaciones sociales, políticas y sindicales
le hagan acompañamiento a los compañeros indígenas, elaboren comunicados y
donen comida, dinero, plásticos para las carpas, medicamentos o botiquines e
implementos de aseo personal. Para tal
efecto se destinarán dos centros de acopio que empezarán a funcionar a partir
del lunes 21 de octubre en el SER (Cll 13 entre Cra 6 y 7) y SINTRAEMSDES (Cll
35 # 5b - 09), sindicatos ubicados en la ciudad de Pereira.
¡Exigimos
que el ESMAD devuelva la comida y los utensilios de cocina que sustrajeron de
los indígenas!
¡Exigimos
salidas negociadas al Pliego de Peticiones presentado al Gobierno Nacional por
la Minga Social, Indígena y Popular!
¡Exigimos
que el Estado implemente mecanismos de Búsqueda Urgente para dar con el
paradero de los compañeros: HECTOR CAMPO MURILLO, JHON RONALDO TEYURA ARCE,
EVELIO BANDADA ARCE y LUIS CARLOS ARCE VITUZAY!
¡Exigimos
que cese el constreñimiento, la persecución y criminalización de la protesta
social!
¡Exigimos
que la Defensoría del Pueblo ayude a garantizar los derechos de las comunidades
indígenas en conflicto!
MESA DE ORGANIZACIONES SOCIALES Y
DEFENSORES DE DERECHOS HUMANOS DEL RISARALDA
Firman:
Movimiento
de Víctimas de Crímenes de Estado -MOVICE- Capítulo Risaralda, Central Unitaria
de Trabajadores –CUT Risaralda, Comisión
de DDHH del Sindicato de Educadores del Risaralda -SER, SINTRAEMSDES
Subdirectiva Pereira, Marcha Patriótica, Comité de Solidaridad y Defensa de los
Presos Políticos “Juan David Pineda”, CORPOPAES, Unidad Democrática, Partido
Comunista Colombiano -PCC Risaralda-, Organizaciones políticas de masas
pertenecientes al MODEP: Asociación Por la Defensa de los Derechos de los Hijos
del Pueblo -ADDHIP, Comités de Obreros y Trabajadores Ignacio Torres Giraldo
-ITG, Nuevos Maestros Por la Educación,
Federación Universitaria Nacional -FUN Comisiones.
Pereira - Risaralda, Colombia
Octubre 19 de 2013
